A través de oficio PER-P-114 de 13 de junio de 2022, el Procurador Especial se dirigió a la Asamblea Nacional alertando sobre la inconveniencia, múltiples deficiencias y posibles riegos en caso de que se apruebe el proyecto en referencia, a través del cual se pretende crear una nueva estructura burocrática (el Consejo Nacional de Protección de Activos en el
Extranjero), con amplias facultades para intervenir, controlar y “reestructurar” las Juntas administradoras ad hoc designadas a las empresas del Estado venezolano con activos en el Extranjero recuperados por el Gobierno interino. En criterio de la Procuraduría Especial, esta nueva fórmula política y burocrática interferiría indebida e innecesariamente en los
procesos administrativos de una organización que funciona correctamente, afectando y excluyendo la participación en esos procesos de las Juntas Administradoras Ad HOC de los entes descentralizados, e incluso del Presidente encargado de la República; creando duplicidades e incluso conflictos entre autoridades.
La Procuraduría considera incorrecto que se pretenda la intervención de entes como PDVSA (Citgo) y el Banco Central de Venezuela, cuyas juntas ad hoc deben actuar con autonomía y sin influencias políticas, como preceptúa la Constitución y la ley. Además, advierte que dicho control e intervención genera el inminente riesgo de que el patrimonio de esos entes en el extranjero se vea atacado judicialmente bajo el argumento de existencia de “alter ego”, que ha sido utilizado en cortes del exterior para pretender ejecutar activos de las entidades descentralizadas por deudas de la República causadas por los regímenes de Chávez y Maduro.
En opinión de la Procuraduría se destaca, además, la necesidad de dar tratamiento diferenciado y adopción de decisiones respecto a empresas del Estado cuya administración ha sido seriamente cuestionada, como en el caso de Monómeros; de
aquellas que, por el contrario, han rendido cuentas y muestran gestiones exitosas (PDVSA, CITGO o BCV).
En clara alusión a las responsabilidades de la Asamblea Nacional, el oficio de la Procuraduría indica: “En el proyecto de Acuerdo se expresa reiteradamente el propósito de velar por la protección y rescate de los activos del Estado venezolano en el exterior. Pero resulta sorprendente que ese acto provenga del mismo órgano legislativo que se ha negado hasta ahora a considerar los requerimientos que ha hecho en múltiples ocasiones. la Procuraduría Especial de la República de que apruebe el presupuesto de litigios, en el que se contempla en forma detallada, caso por caso, las sumas que se deben pagar a las
firmas de abogados que defienden los intereses de Venezuela en los diferentes juicios que atienden”. En el mismo sentido, se exalta la importancia del seguimiento de los litigios y se insiste en la necesidad de aprobación del presupuesto que ha sido solicitado desde abril del año 2021: “En el Estatuto que Rige la Transición se pone bajo la responsabilidad del Ejecutivo interino y de la Asamblea Nacional realizar las acciones para proteger o recuperar los activos de Venezuela en el exterior, en lo cual el Ejecutivo ha cumplido su deber, a través de la Procuraduría Especial, pero el órgano legislativo no ha hecho su
parte”.