Procurador Especial pide a jefes de AD, UNT y PJ que se dignen leer los informes antes de emitir juicios y opiniones falsas e infundadas; recuerda importantes logros legales y financieros de su gestión, y se pone a la orden, nuevamente, para explicar las cuentas ya presentadas.

El pasado martes 26 de julio de 2022, el señor Procurador Especial de la República profesor y experto constitucionalista Abog. Enrique Sánchez Falcón, dio una rueda de prensa para informar a la opinión pública sobre algunos resultados de su gestión, presentando información sobre los principales juicios, e informando los gastos ejecutados y pendientes de pago por honorarios profesionales de las firmas de abogados contratadas para la defensa de los activos e intereses del Estado venezolano en el extranjero.

Según explicó, cumpliendo son su deber de transparencia y por los altos intereses nacionales en juego, se vio forzado a realizar esta presentación pública y ante los medios de comunicación, habida cuenta que factores políticos se niegan a recibirlo ante la Asamblea Nacional, a pesar de ser una obligación legal, de haber solicitado una audiencia para comparecer, y de haber consignado los informes escritos correspondientes a los años 2020 y 2021, ante la instancia parlamentaria y también ante el Consejo de Contraloría. Al quedar evidenciada la negligencia y obstaculización de las gestiones de defensa de la República y de los entes descentralizados por parte de las fracciones políticas de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, éstas se han dirigido hoy al país para pedir al procurador “del Gobierno interino” (obviando que se trata del Procurador Especial “de la República”) que “rinda cuentas de verdad”. A lo que implemente cabe advertir, que la única verdad sobre esto es que esas fracciones no se han leído las cuentas presentadas, en donde, claramente se ha detallado tanto los casos, como los intereses nacionales en riesgo; las estrategias; los costos; y también, de fundamental importancia, los logros obtenidos.

En la misma comunicación formulan varias interrogantes, en su mayoría innecesarias pues las respuestas obran explícitas en los informes previamente presentados por la Oficina del Procurador, pero que, sin embargo, con gusto y de manera pedagógica serán expuestas cuando la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional tenga a bien fijar la oportunidad para ello, lo que ha sido solicitado de forma reiterada desde marzo de 2022. Lo que consideramos debe ser aclarado de una vez, son las falacias que encierran algunos cuestionamientos, especialmente uno, por demás, tendencioso y falso en sus premisas:

¿Por qué se ha gastado 50 millones de dólares en la defensa de activos y estamos ahora en una situación peor que la de hace tres años? A punto de perder los activos y con menos dinero que antes.

No es cierto que Venezuela esté en una situación legal “peor que la de hace tres años” o que esté “a punto de perder los activos y con menos dinero”. De haberse leído los informes del anterior y del actual Procurador, los “políticos” quizá supieran que:

1. Para enero de 2019 ya se había ejecutado el embargo de las acciones de PDVSA en PDVHolding (propietaria de Citgo), en el conocido caso de Crystallex contra la República (para ejecución de un laudo dictado contra Chávez y Maduro por una expropiación). A pesar de ello, y luego de múltiples incidencias, mociones, decisiones y recursos, recientemente el Juez de la causa en la Corte de Delaware suspendió por seis (6) meses el proceso de venta de las acciones que había mandado a adelantar desde el año 2020, y ordenó que se consultara con la OFAC si era posible o no continuar adelantado el proceso de venta. Igualmente, la misma Corte ordeno oír o tramitar apelación contra su propia decisión sobre las limitaciones de la OFAC, para que la Corte de Apelaciones decida si son correctas las interpretaciones que ha propuesto la parte de Venezuela. En adición, aún queda pendiente una apelación sobre el fondo del asunto, que puede revisar lo decidido desde el 2018 sobre la existencia de alter ego entre le República (deudora condenada) y PDVSA (supuesto “otro yo” de la República).


2. Todo esto, además, ha permitido que la empresa que en definitiva es objeto del litigio, la empresa refinadora CITGO, bajo la administración del Gobierno interino que encabeza la cadena corporativa a través de PDVSA ad hoc, superó la pandemia y dos huracanes, se adaptó tecnológicamente para procesar crudos livianos, ha aumentado su capacidad de refinación y ha
producido decenas de millones de dólares (más de 250MM$) de utilidades en el primer trimestre de 2022, y con mayores expectativas para el segundo trimestre; todo, según informó recientemente el presidente de su junta directiva Ing. Horacio Medina. La recuperación operativa y financiera de la empresa podría servir para reestructurar su deuda y preservar definitivamente el activo para el Estado y pueblo venezolano, cuyo valor hoy se estima en 12Mil Millones de dólares. Véase:


http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/citgo-incremento-en-61-sus-ventas-en-
eeuu-y-hacia-am%C3%A9rica-latina-durante-primer


http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/horacio-medina-%E2%80%9Chemos-
invertido-29-millones-para-defender-activos-de-venezuela%E2%80%9D


En resumen, se está en mejor situación legal y financiera que en enero de 2019. Lo más importante, no se ha perdido “la joya de la corona” de la industria petrolera nacional, mientras se reactiva con prometedores resultados.

3. Desde el año 2016, el régimen de Nicolás Maduro, de forma ilícita e inconstitucional emitió los famosos Bonos PDVSA2020, constituyendo garantía prendaria sobre el 50,1% de las acciones de Citgo Holding (propietaria de Citgo), sin autorización de la Asamblea Nacional a pesar de tratarse de un contrato de interés público nacional (art. 150 Constitucional). Al no pagarse los referidos Bonos a su vencimiento en 2020, las acciones se perderían “automáticamente” (sin necesidad de juicio); por lo que fue necesario intentar una demanda (única iniciada por parte del Gobierno interino) para declarar la nulidad de dichos bonos y de la garantía prendaria constituida, para lo cual, además, se obtuvo una licencia de la OFAC. De no haberse ejecutado estas acciones y seguido este juicio (aún pendiente de decisión en segunda instancia), se hubiera perdido más de la mitad de la empresa refinadora, que, como se ha dicho, se mantiene bajo control de Venezuela y está produciendo dividendos que bien podrían servir para renegociar sus obligaciones. En resumen, de nuevo, se ha preservado el activo.

También para el año 2020, se conocía que el régimen de Maduro había dado en garantía el 49,9% restante de las acciones de Citgo Holding a la empresa rusa Rosneft, con lo que, la dictadura terminaba de regalar o robarse completamente la empresa. Sin embargo, a través de la prosecución del mismo juicio de Crystallex referido en el punto número 1, se logró en diciembre de 2021 que la empresa rusa divulgara que no tenía deuda pendiente y que no reclamaba ninguna garantía sobre las acciones. Lo que ostensiblemente constituye un logro y una millonaria disminución de pasivos y gravámenes que existían previamente. ¿Es esta una peor condición?

4. En el Reino Unido, donde no existe protección de los Estados Unidos (que según la ignorancia de aquellos partidos políticos es suficiente para el resguardo de los activos), se ha confrontado judicial y directamente al régimen de Maduro, discutiendo su ilegitimidad, anteponiendo la legitimidad del presidente Juan Guaidó y de las autoridades designadas por éste y por la Asamblea Nacional para representar al Banco Central y preservar las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra. En diciembre de 2021 la Corte Suprema del Reino Unido, dejó claro que el Gobierno de Su Majestad reconoce como único presidente a Juan Guaidó, y como autoridades del BCV a las designadas por éste. Adicionalmente se ha condenado el ilegítimo BCV de Maduro a pagar al BCV legítimo las costas de segunda instancia y ante la Corte Suprema.


Posiblemente el día de mañana se producirá decisión de la Corte de Comercio sobre la invalidez o ineficacia de las sentencias del TSJ de Maduro que pretenden anular las decisiones de la Asamblea Nacional legítima, lo que acerca ya el final del proceso.
¿Estamos o no en mejor condición legal y financiera que en 2019?

5. Para culminar esta breve respuesta a las “interrogantes”, baste recordar que en el caso del arbitraje de Conoco contra la República, la petrolera demandó indemnizaciones por 30Mil millones de dólares, y que en 2019 se logró disminuir la condena a 8.5Mil millones de dólares; además, aún se litiga ante el Comité de Anulaciones del CIADI la nulidad completa del laudo por violación al debido proceso y haber ignorado un importante precedente. Con buenas expectativas al respecto. ¿Haber disminuido la pretensión de deuda en más de 20mil millones de dólares y tener expectativas de anular completamente el laudo, no es un logro y una mejor situación legal y financiera?

Como se ha advertido previamente, las repuestas a los demás cuestionamientos están en los informes, y respetuosa y formalmente serán explicadas a los diputados cuando así se requiera, con la sola petición de que los “jefes políticos” se dignen leer los informes antes de emitir juicios y opiniones falsas e infundadas. El momento histórico y la ciudadanía reclaman seriedad y responsabilidad en la conducción del Gobierno interino y la Asamblea Nacional legítima; coherencia y eficiencia en la preservación de los activos recuperados; sin abandono de las fundamentales labores de procurar la restitución del orden constitucional y democrático; y la superación de la crisis humanitaria que padecen los venezolanos, dentro y fuera de nuestras fronteras.

error: Content is protected !!